Compliance es un término que se traduce como “cumplimiento a la norma”.

Es decir, consiste en una disciplina o rama del Derecho que busca implementar procesos, políticas, estrategias y tareas al interior de las organizaciones como línea de defensa para evitar sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdidas de reputación como resultado del incumplimiento a las leyes, regulaciones, normas de autorregulación o códigos de conducta que se apliquen a su actividad. Además, estas medidas tienen el propósito de detectar, reducir y enmendar riesgos de ilicitud en las actividades de las empresas.

Los programas de compliance tienen dos aspectos principales: uno ético y uno estructural

En el Código de Conducta la empresa comunica a sus empleados y directivos los valores fundamentales que deben regir su operación comercial; esencialmente, qué está bien y qué está mal. La base de este Código es el tono y actitud que los órganos de control empresariales quieran transmitir a sus empleados y directivos sobre malas prácticas potenciales.

En el Manual de Cumplimiento se establece detalladamente el funcionamiento de las políticas internas, roles, competencias y facultades mediante las cuales se implementará y ejecutará la autorregulación. Este aspecto del Programa de Compliance está basado en siete pilares:

1. Procesos y procedimientos: Crear estándares, procesos y procedimientos para prevenir y detectar conductas ilícitas.

2. Supervisión de alto nivel: Implementar y ejecutar los programas bajo la supervisión de personal de alto rango jerárquico.

3. Exclusión de malos actores: Exigir una debida diligencia sobre los antecedentes de los empleados para evitar que aquellos que han incurrido en malas prácticas obtengan puestos con poder de decisión.

4. Comunicación: Transmitir de manera efectiva las políticas y procedimientos del Programa a todos los niveles de la plantilla laboral y a otros terceros interesados como, por ejemplo, contratistas y proveedores.

5. Monitoreo continuo: Tomar medidas razonables para monitorear, detectar y reportar cualquier mala práctica o conducta ilícita y para auditar el Programa. Este debe cerciorarse de que existan mecanismos que permitan a los empleados y directivos reportar irregularidades de manera anónima y sin riesgo de retribución.

6. Ejecución: Aplicar el Programa de manera consistente, balanceando los incentivos y las medidas disciplinarias para prevenir y detectar malas prácticas y conductas ilícitas.

7. Self Reporting: Evaluar periódicamente los riesgos de que se cometan malas prácticas y conductas ilícitas y, cuando se detecten, tomar medidas apropiadas para evitar que sean recurrentes.

Desde 2014, México reguló la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Mientras que antes solo se podía sancionar a las personas físicas por la comisión de un delito, esta modificación ahora incluye a todo tipo de organizaciones. Esta regulación contempla los casos en que uno de los empleados, representantes legales y/o directivos que cometan un delito en beneficio de la persona moral, o bien, la utilicen como medio para cometer un ilícito.

Para prevenir las consecuencias legales previstas por el ordenamiento federal y por la legislación local de las entidades federativas, es necesario que las personas morales implementen un programa de compliance hecho a la medida en el que se analicen los riesgos de comisión de delitos al interior y se tomen medidas suficientes para evitarlos, según sus actividades.

El diseño, implementación y ejecución de un programa de criminal compliance se desarrolla en los siguientes pasos:

1. Detección de riesgos internos y externos de la organización: Con base en los documentos corporativos, el giro de negocio, la realidad operativa y testimoniales de empleados y directivos, se identifican áreas y operaciones vulnerables en la que se pueden desarrollar conductas delictivas.

2. Priorización de riesgos: Una vez detectados, de acuerdo con su gravedad, inmediatez y escala, se identifican los riesgos cuya reducción es prioritaria. Ningún programa de compliance puede eliminar todos los riesgos al interior de la organización, por lo que se debe enfocar su funcionamiento a reducir los que representen mayor amenaza a la misma.

3. Diseño de políticas y procedimientos: Con base en "Los Siete Pilares del compliance" se elabora un "Manual de Cumplimiento" en el que se establecen lineamientos de gobierno corporativo al interior de la organización, para hacer frente y reducir los riesgos detectados. Estas políticas y procedimientos deben diseñarse de tal forma que permitan a la organización desarrollar sus actividades de manera eficiente y honesta.

4. Implementación y difusión: Una vez que el programa de compliance se ha diseñado, comienza su operatividad. Es esencial para el éxito de cualquier esquema de autorregulación capacitar al personal sobre las políticas y procesos instaurados y acercarlos a la cultura del cumplimiento.

5. Supervisión y evaluación periódica: La eficiencia y efectividad del Programa debe evaluarse con regularidad para detectar cualquier falla en las políticas o procesos instaurados. Esto sirve para detectar nuevos riesgos o dar distinta prioridad a riesgos ya detectados.

La corrupción es un mal profundamente arraigado en México que afecta todos los aspectos de nuestra economía y sociedad.

No solamente es inmoral, es un detrimento para los negocios: resta la confianza del público en la integridad de un sistema de mercado, dirige recursos a organizaciones ineficientes en términos de precio, calidad y servicio y provoca incentivos perversos a otras organizaciones honestas para reducir sus estándares éticos para poder competir.

Para prevenirla, es necesario establecer al interior de las organizaciones una cultura ética de cero tolerancia a la corrupción.

Los empleados, gerentes y directivos deben capacitarse de forma que los valores éticos de la organización no sean comprometidos a cambio de resultados a corto plazo.

Deben implementarse políticas y procedimientos que combatan el pago de sobornos, dádivas o regalos, el tráfico de influencias, y cualquier otro comportamiento irregular en el trato con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Cualquier organización que, por su modelo de negocios, requiera interactuar con las autoridades gubernamentales en la obtención de permisos o contratos públicos, debe contar con un programa de compliance enfocado a prevenir la corrupción en el desarrollo de sus actividades. De lo contrario, puede hacerse acreedora a sanciones administrativas y penales.

Es necesario que todas las organizaciones actúen con la debida diligencia para supervisar a sus empleados, operaciones, proveedores y contratistas en cualquier interacción con autoridades gubernamentales.

El compliance en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT) se basan generalmente en el principio “conoce a tu cliente”. Mientras que en la prevención de blanqueo de capitales es necesaria una debida diligencia para conocer el origen de los recursos, el financiamiento al terrorismo se preocupa por su destino.

En ambos casos, las organizaciones, especialmente aquellas que son sujetos obligados bajo la Ley General para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, deben contar con un Programa que reconozca y mitigue, al menos, los siguientes riesgos:

1. Productos y servicios: Son aquellos productos o servicios que permitan el anonimato o falta de identificación del cliente, que permitan transacciones de alto nivel de valor o que faciliten la transferencia de montos importantes.

2. Tipo de clientes y/o usuarios: Debe considerarse si los clientes principales de la organización son personas físicas, morales, fideicomisos y sus características como edad, fecha de constitución, nacionalidad, domicilio y actividad económica.

3. Países y áreas geográficas: Ciertas operaciones provenientes de países y/o regiones que, por su condición socio-económica, incrementan la probabilidad de provenir de blanqueo de capitales o destinarse al financiamiento del terrorismo, tales como:

a. Paraísos fiscales
b. Países con medidas deficientes en materia de PLD y FT
c. Países con un alto nivel de corrupción
d. Regiones con alta incidencia de crimen organizado
e. Regiones con alto nivel de marginación
f. Regiones fronterizos o portuarios

4. Transacciones y canales de envío o distribución vinculados con las operaciones de la organización: Aquellos aspectos de la labor productiva organizacional que permitan transacciones no presenciales, canales con acceso inmediato a recursos y canales que permitan transacciones de alto nivel monetario. También deben considerarse las transacciones permitidas en divisas extranjeras.

En materia de compliance PLD y FT, los riesgos para las organizaciones son significativos, ya que, de no contar con un Programa robusto, pueden verse implicadas y acusadas como parte de redes de Delincuencia Organizada para la comisión de dichos delitos.

En general, toda organización busca ser lucrativa osuficientemente solvente para alcanzar los fines para los que se creó.

Por eso, es natural que busque reducir costos de operación a lo largo del modelo de negocios. Como parte de esta reducción, muchas organizaciones optan por consultar expertos en materia de Derecho Fiscal para buscar la forma lícita de reducir su carga impositiva. Sin embargo, existen estrategias fiscales más agresivas que otras.

Con la finalidad de evitar la posible imposición de sanciones administrativas y penales por una estrategia fiscal excesivamente agresiva, es importante que la organización cuente con un programa que atempere el riesgo de evasión de impuestos, supervise cercanamente el registro y transparencia de libros contables y reporte de manera expedita cualquier irregularidad.

En la mayoría de los casos, una irregularidad detectada a tiempo por parte de una organización puede reportarse a las autoridades fiscales para la obtención de descuentos en el pago de cualquier adeudo, e inhibir la voluntad de éstas para buscar sanciones de índole penal frente al Ministerio Público.

En virtud de las anteriores consideraciones, se recomienda tener una asesoría permanente y especializada que acompañe a las empresas y diversas organizaciones a dar cabal cumplimiento a las nuevas normas, aprovechando, también, las ventajas que representa.

En efecto, la Reforma Constitucional; los capítulos laborales del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y del nuevo Acuerdo Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC); el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo; la Reforma a la Ley Federal del Trabajo promulgada el 1 de mayo de 2019 (Reforma Laboral) y la recientemente emitida NOM-035-STPS representan un andamiaje institucional y laboral que, de no ser observado a cabalidad, provocará serios problemas a las empresas, en su calidad de patrón. Desde luego, estos cambios también constituyen retos formidables para las autoridades del trabajo, para los sindicatos, para los nuevos tribunales judiciales en la materia y especialmente para las organizaciones.

Es importante tener en mente que las consecuencias del incumplimiento de todo lo anterior (y muchas normas más), podrían no solo tener consecuencias en el ámbito doméstico sino, también, en el internacional. Las reglas del T-MEC son por demás estrictas y pueden llevar desde la no importación de productos de empresas determinadas hasta a la imposición de paneles arbitrales con la presencia de observadores internacionales.